Aunque
las estadísticas mundiales ubican a las personas con discapacidad, en especial
a mujeres y niños con discapacidad mental, como uno de los grupos sociales más
vulnerables ante el abuso y la explotación sexual, casi no existen referencias
a ello en los informes periodísticos o en las campañas de concientización y
prevención. Este vacío no es casual, ya que obedece a una “lógica” que
relativiza la sexualidad de las personas con discapacidad, invisibilizando sus
derechos y privándolos, a ellos y a sus familias, de recibir la protección, el
acompañamiento y la contención necesarias.
Sin
dudas, se trata a nivel mundial de uno de los temas más complejos y postergados
en relación a las problemáticas y a la violación de los derechos de las
personas con discapacidad.
Los
mitos y tabúes sociales y la falta de servicios de protección ubican a las
personas con discapacidad ante un riesgo significativamente mayor de sufrir
abuso sexual y maltrato que cualquier otro colectivo social.
El
abuso sexual dentro de este sector se encuentra impulsado principalmente por
una situación desigual de poder y control, donde las personas con discapacidad
pueden ser más fáciles de manipular y vulnerar por carecer, en la mayoría de
los casos, de posibilidades de denunciar los abusos, ya sea por barreras
físicas, sensoriales, intelectuales o aún institucionales.
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